La presidenta de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), Josefina Teresa Velásquez, informó que de acuerdo con su centro de monitoreo, en una década, se presentaron 677 casos de violencia y acoso político, «de los cuales solo uno llegó a su objetivo de una sentencia».
Dijo que las denuncias se efectivizaron a partir de la promulgación de la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres promulgada el 28 de mayo de 2012.
Fueron alcaldesas y concejales en los gobiernos municipales quienes fueron denunciados; un solo caso llegó a tener sentencia, el resto quedó en la impunidad.
Velásquez añadió que uno de los principales problemas es el desconocimiento de la norma en instituciones como la Policía o la Fiscalía, donde generalmente se tiende a desestimar las denuncias o a confundirlas con «violencia intrafamiliar» o porque presuntamente no existen pruebas.
La vocal del TSE Dina Chuquimia añadió que cientos de casos «se quedaron en la nada, las denunciantes ya no son autoridades (…). Las hermanas que algún momento denunciaron violencia política ya no van a tener justicia porque ya no son autoridades», toda vez que las denuncias se presentaron antes de 2020.
Informó que entre la gestión 2020-2021 el Órgano Electoral recibió 30 denuncias oficiales por acoso y violencia política, y que en menos de nueve meses desde que las autoridades municipales y asambleístas departamentales asumieron en mayo de 2021 «ya se presentaron denuncias», publicó la ANF.
Foto: TSE