Los innumerables casos de feminicidio en Bolivia han sido motivo de estudio y análisis de parte de importantes profesionales, cuando en la actualidad los crímenes cometidos contra las mujeres son cada vez más violentos, tal como se dan a conocer a través de informes de prensa o del propio Ministerio Público.
Uno de esos estudios que refleja la situación de los feminicidios ha sido elaborado por Marlene Choque Aldana, con el apoyo de Tania Jiménez y Tamara Morales Palacios, cuyo materia lleva el título “Los rostros de la violencia de género”; y subtítulo: “Feminicidio, sus situaciones, procesos y consecuencias en los municipios de La Paz y El Alto (2010-2018)”, quien a través de cuadernos de investigación hace conocer la situación de la violencia contra las mujeres. Este trabajo cuenta con el apoyo del Instituto de Investigaciones Sociológicas-IDIS Mauricio Lefebvre de la UMSA y la Coordinadora de la Mujer.
El mismo que identifica a “la violencia contra las mujeres no cesa; por el contrario, se ha incrementado en número y en crueldad. Corroboran esta afirmación los informes del Ministerio de Gobierno, que reportan que el delito más denunciado en el país es la violencia contra las muje-res, particularmente la escalada de feminicidios —expresión más extrema y cruel de la violencia contra las mujeres—, que se ha mantenido en un promedio aproximado de 110 por año”.
Entre las conclusiones se identifican hallazgos resumidos en:
Es posible afirmar que el feminicidio es un crimen patriarcal porque es una forma de contención frente a los cambios de roles correspondientes a la masculinidad y femineidad y, principalmente, frente a la mayor presencia de mujeres en espacios públicos.
“El feminicidio es un proceso, y no un evento desligado de la cotidianidad de las víctimas, que paulatinamente se hace más violenta. No concluye con la muerte de la víctima. Las covíctimas deben superar una serie interminable de dificultades para buscar justicia y reencauzar sus vidas”, agrega.
El feminicidio es diverso y está en función de desigualdades estructurales de diversa índole. La victimización es una forma de afirmar la validez de esas desigualdades puestas en juego por las “transgresiones” de las mujeres.
El feminicidio es un crimen de estado, aunque no es el único crimen de estado, porque el sistema judicial es deficiente y deja rendijas abiertas a la impunidad y porque existen deficiencias en la asunción de corresponsabilidad mediante un sistema de protección.
Asimismo, afirma que la mayor parte de los feminicidios ocurridos en La Paz y El Alto, y los casos estudiados en particular, tienen características de feminicidio íntimo. Son perpetrados en general por las parejas y exparejas de las víctimas. El feminicidio es la última violencia contra las mujeres; es la expresión extrema de la violencia en el marco de las percepciones de los hombres de su propiedad sobre las mujeres y sus hijos. No se trata únicamente de un sentido de propiedad con connotaciones sexuales, lo cual se resumiría en la frase: “Si no eres mía, no serás de nadie”, sino de dinámicas emocionales complejas que disminuyen la autonomía de las mujeres para denunciar las agresiones y para cortar vínculos potencialmente fatales.
En tal sentido, sostiene que, “la primacía del feminicidio íntimo exige aproximaciones diferentes de las que se dan en otros países como, por ejemplo, México, en los cuales la parte más visibilizada de la violencia de género es más impersonal y pueden no existir vínculos entre víctimas y victimarios. En los casos revisados, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, los agresores son personas que alguna vez las víctimas quisieron, en quienes confiaron y con quienes decidieron unirse, tener hijos y formar familias”.
Agrega que, “los cambios legales y la consecuente creación de la FELCV expresan el reconocimiento de las deficiencias institucionales en el manejo de la violencia. Son cambios que se plantean en términos de derechos más que de corresponsabilidad, y más de sanción que de prevención. Por el lado de los agentes económicos, no hay aportes significativos aparte de la publicación de la Ley 348 y de las opciones de denuncia; ni siquiera hay campañas por familias de empresarios en las que hubo intentos de feminicidio”.
Así, la protección, la pérdida y los calvarios legales corren “por cuenta de las familias”, especialmente de los hijos, las madres y las hermanas de las víctimas. En algunos casos estudiados con detenimiento, los padres y los hermanos varones no se involucraron activamente en la búsqueda de justicia. Por diversos motivos que también son un refuerzo de las relaciones patriarcales, no se movilizan como las madres y hermanas.
De esa manera el trabajo refleja las penurias que viven las familias de las víctimas que en algunos casos pasan más allá del tiempo establecido por la norma, lo que en la mayoría representan un costo económico.
“Los procesos judiciales se convierten en un martirio para las covíctimas. La gestión judicial de los casos de feminicidio puede ser una forma extrema de ´no creer a las víctimas´. Es sintomática la situación de un “proceso paralelo” por violencia doméstica en el que el sistema judicial anota la inasistencia de la víctima porque no registró que está muerta (víctima de feminicidio, con acusación al mismo agresor de la violencia doméstica). Por otra parte, el feminicidio también puede tener motivaciones políticas, que dan lugar a un proceso de escalamiento de la violencia fuera de los ámbitos domésticos”, agrega.
Crédito foto: IDIS.CM