Defensora del Pueblo demanda políticas públicas para acabar con violencia hacia las mujeres

by Liderazgo de Mujer

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La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, afirmó este lunes que el Estado y sus diferentes instituciones deben planificar políticas públicas y otorgar una adecuada asignación presupuestaria para acabar con la violencia hacia mujeres.

“Es un día en que hay que ser muy reflexivos y autocríticos principalmente desde las instituciones del Estado y desde los órganos de poder. Creemos firmemente como Defensoría del Pueblo que hay muchos retos, mucho camino para andar para la lucha contra la violencia hacia las mujeres”, señaló a la Red Patria Nueva.

Argumentó que en las gestiones 2019 y 2020 la violencia contra las mujeres se incrementó un 2,5%, pero no se cuantifica los datos de las viven en el campo y de quienes no pueden hacer la denuncia por diferentes razones.

Reconoció el valor de las mujeres que lucharon a lo largo de la historia en la reivindicación de los derechos y de “armar camino” para acabar con el sistema patriarcal de la sociedad que genera injusticia y desigualdad.

En un comunicado institucional, la Defensoría cuestionó que durante la gestión 2020, en comparación con la de 2019 la cantidad de feminicidios  disminuyó levemente en un 3% (de 117 en 2019 a 113 en 2020); la violencia contra las mujeres en el contexto de la pandemia por COVID-19  no ha desistido, lo que se refleja en los casos registrados por el Ministerio Público en relación a la Ley Nº 348 que aumentaron en un 2,5% (de 37.240 en 2019 a 38.212 en 2020).

De acuerdo con el documento, estos datos concuerdan con los reportes de organismos internacionales en materia de derechos humanos y del Informe Defensorial «El deber de protección a las Mujeres a través del funcionamiento de la Felcv durante la pandemia de la COVID-19», que «advierten que el confinamiento obligaba a las mujeres a estar encerradas con sus maltratadores y que el encierro generó que se incremente el riesgo de violencia contra ellas».

En ese sentido menciona que el confinamiento develó la aún existente inequidad de la distribución de los deberes del hogar y que fueron insuficientes las políticas que implementó el Estado boliviano, para prevenir y atender los casos de violencia contra la mujer en razón de género.

La Defensoría también cuestiona la alerta de austeridad presupuestaria que aplican los diferentes gobiernos autónomos «sin una previa perspectiva de género ni ni de derechos humanos, que repercute en el debilitamiento e incertidumbre presupuestaria en los centros de acogida y y refugios temporales y en los diferentes servicios  que atienden a víctimas de violencia».

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