La Defensoría del Pueblo denunció este viernes que la Asamblea Legislativa de Pando haya suspendido de sus funciones por dos meses a la gobernadora de ese departamento, Paola Terrazas Justiniano, quien fue afectada por el COVID-19.
“Se ha corroborado que la resolución de suspensión, además de no ser puesta a conocimiento de la afectada, tampoco fue pegada en la tablilla de notificaciones de la instancia legislativa ni fue remitida al domicilio de la autoridad departamental, por lo que dicha determinación no tiene efectos jurídicos ni validez alguna hasta que sea legalmente notificada, hecho que le permitirá defenderse ante cualquier arbitrariedad contenida en dicho documento”, se lee en un pronunciamiento de la institución defensora de derechos humanos, reproducida a través de un comunicado de prensa de esa institución.
El legislativo departamental decidió el jueves suspender a Paola Terrazas Justiniano pese a que se encuentra con baja médica hasta el 9 de febrero, porque recibe atención médica en Brasil. La Defensoría del Pueblo indicó que la iniciativa de los asambleístas incurre en un acto irregular.
“La Defensoría del Pueblo repudia la decisión de la Asamblea Legislativa de Pando de suspender del cargo a la Gobernadora de ese departamento, Paola Terrazas Justiniano, y denuncia acoso político en contra de esa autoridad, quien fue suspendida del cargo por 60 días bajo el argumento de que no habría solicitado permiso para realizar un tratamiento médico en Brasil tras ser afectada por la COVID-19, desconociendo que existe una baja médica vigente hasta el 9 de febrero de la presente gestión”, señala otra parte del pronunciamiento.
En ese sentido afirma que esa instancia legislativa estaría incurriendo en actos irregulares porque la resolución de suspensión que debería sustentar y fundamentar el motivo de dicha decisión no está disponible para nadie, ni siquiera para la propia afectada, y que, “extrañamente, desde el jueves 4 de febrero, las oficinas legislativas fueron cerradas para el público y para instituciones de protección de derechos humanos, como es la Institución Defensorial”.
Cuestionó, también, que la Asamblea Departamental haya convocado de manera sorpresiva a la sesión virtual y presencial el jueves 4 de febrero para tratar la solicitud presentada por el asambleísta Osmar Aradiez para suspender a la Gobernadora y que luego cerrara sus puertas para el público y para instituciones de protección de derechos humanos.
“En la sesión virtual por la plataforma Zoom no se observó con claridad la votación, misma que habría alcanzado, supuestamente, más de los dos tercios de los asistentes en favor de la suspensión de Terrazas Justiniano”, cuestionó la Defensoría del Pueblo.
El Artículo 53 del Estatuto Autonómico de Pando establece que, ante la ausencia temporal del Gobernador, el siguiente asambleísta que asume el cargo lo hace de forma temporal y solo hasta que la causal de imposibilidad de ejercicio del cargo desaparezca.
Además observó que observó que una de las causas en una lucha deficiente de la pandemia en los niveles sub nacionales estuvo relacionada a los constantes cambios de altas autoridades como alcaldes y gobernadores; en el presente caso ve con preocupación el intento de suspensión de la Gobernadora, pues, las acciones para mitigar los efectos de la COVID-19 desde el Gobierno Departamental de Pando se verán condicionados a los cambios de personal que ya se encuentra realizando el señor Wilson Quiñones, quien en su oportunidad fue nombrado Gobernador interino, constituyéndose este tipo de hechos en una afectación a la gestión de contingencia de la pandemia y una afrenta directa a la ya diezmada salud de la población de Pando, señla un informe de la Defensoría del Pueblo.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo esperará la apertura de las oficinas de la Asamblea Legislativa Departamental a efecto de que se le facilite una copia de la resolución de suspensión y para exigir una explicación coherente del motivo del cierre de la institución a la población de Pando.