La activista y representante del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, Mary Marca, fue contundente al señalar que desde el 2013 cuando se promulgó la Ley 348 (Para garantizar a las mujeres una Vida libre de Violencia) no se ejecutó el Sistema Plurinacional de Prevención y Atención de Violencia de Género (Sippase) y por eso no se previenen los feminicidios.
En la entrevista al programa Liderazgo de Mujer explicó que era la base de datos donde los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), Servicio Integral de Justicia Plurinacional (SIJPLU), Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), la Policía y Fiscalía iban a tener un sistema único de registro de las víctimas, y hacer el seguimiento respectivo, en la perspectiva de prevenir los feminicidios
Para ejecutar ese sistema integrado el Estado Boliviano recibió del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyo de al menos $us 900.000 que le fue entregado al Ministerio de Justicia para que ejecute dicho proyecto, mencionó.
Recordó que previo a la norma que protege a las mujeres de todo tipo de violencia, en 2005 organizaciones como Gregoria Apaza y la Red ADA identificaron el delito de asesinato violento de mujeres, a manos de sus parejas, debía ser tipificado como feminicidio, lo que fue incorporado en la norma de 2013.
El Cidem (Centro de Investigación y Estudios Multidisciplinarios) en 2009 reúne toda la información pertinente y a partir de esa fecha se estima que cada año mueren 100 mujeres, un promedio de 3 por día.
“En el sistema se debía llenar los datos de la víctima y todas las torturas que era víctima y el sistema iba a alerta con riesgo de feminicidio para su seguimiento y prevención”, dijo.
Mencionó que dentro las políticas públicas de igualdad se diseñaron seis ejes temáticos que tiene que ver con la violencia, disminución de la desigualdad de género, participación política, fortalecimiento institucional, mayor presupuesto y prevención de violencia, que no se han ejecutado.
Cuestionó que los municipios no hayan ejecutado los recursos provenientes del IDH para construir casas de acogida y brindar el asesoramiento respectivo a las mujeres víctimas.
En otros donde se implementaron los SLIMs estos se dedicaron a atender poblaciones de mujeres, adolescentes, mayores y juventud, “entonces los abogados actúan en el marco de cada uno de los casos lo que implica una atención deficitaria y solo se dedican a registrar los casos de violencia familiar”.
Eso refleja lo ocurrido en el feminicidio de Cochabamba, en donde la víctima denunció que fue objeto de violencia familiar y si el SLIM hubiera manejado el sistema creado por el Sippase se hubiera dado la alerta e inmediatamente hubiera sido enviada a la casa de refugio donde reciba atención multidisciplinaria y salir una mujer empoderada.
“Esta cadena de servicios que deberían actuar no lo hacen y merecen una sanción por el trabajo que no hicieron. Por eso en cada caso los SLIMs y las Defensorías solo administran y no protegen a las mujeres y eso es falta de voluntad del gobierno central departamental y municipal, cuando las mujeres siguen denunciando todos los días agresiones de sus parejas”, sostuvo.
Añadió que con estos datos se debe organizar una red de instituciones y el Municipio ejecutar un presupuesto específico y diseñar un plan para ejecutar acciones de prevención, erradicación y protección de la violencia.
“Las alertas han sido tan bien elaboradas que han terminado en la conferencia de prensa y luego nadie hace seguimiento”, acotó al mencionar que a ello se suman los operadores de justicia, fiscales, policías o jueces, que aún tienen el pensamiento machista, justifican la violencia contra la mujer y al final es liberado como sucedió en el caso Kuschner o Pilco, donde los imputados gozan de libertad.
“Seguimos reproduciendo el pensamiento machista y el trabajo de la mujer está totalmente desvalorizado y en consecuencia hay mayores posibilidades de sometimiento que la condicionan a someterse ante el poderoso, que son elementos estructurales de una sociedad colonialista y es lo que las mujeres están recibiendo”, afirmó.
Por eso insistió en que se implementen las políticas públicas para prevenir la violencia y romper con ese pensamiento de que el varón es superior a la mujer. Lamentó que en la actualidad la sociedad premia a quien castiga y mata.