Defensoría evidencia vulneración de derechos contra exfuncionarios de Mi Teleférico

by Liderazgo de Mujer

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A través de una resolución la Defensoría del Pueblo emitió donde recomienda a la Fiscalía General y a la Policía Boliviana iniciar acciones disciplinarias en contra de fiscales y policías por la vulneración de derechos de exfuncionarios de la empresa Mi Teleférico, que habrían participado en actos de hostigamiento, acoso laboral y persecución política a personal de la entidad de transporte por cable.

Asimismo, pide al Consejo de la Magistratura iniciar una auditoría jurídica a los dos procesos penales seguidos contra exfuncionarios de Mi Teleférico, señala el comunicado de prensa institucional de la Defensoría.

En ambos procesos, la Defensoría evidenció que la prueba sobre la que se sostienen los mismos es altamente cuestionable en su forma de obtención, y la falta de un nexo causal entre varias de las hipótesis desarrolladas por el Ministerio Público para evidenciar la autoría de los delitos supuestamente cometidos.

Entre ellos están los procesos seguidos contra César Luis Dockweiler Suárez, Norah Liliana Rengifo Tamayo, Edwin Irineo Alcón Ezequiel y Marcelo Terceros Loza, quienes presentaron denuncia en la Defensoría del Pueblo el 16 de diciembre de 2019, del que se pudo establecer aparente legalidad para encubrir una motivación política y que hubo varias vulneraciones como a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa.

De acuerdo con la nota, se evidenció la inexistencia del acta de la audiencia de medidas cautelares de Rengifo y que Alcón fue dejado seis días en celdas judiciales; y que hubo vulneración del derecho a la privacidad e intimidad de Rengifo y de su hijo menor de edad.

Esa entidad también conoció que, entre el 12 de noviembre de 2019 y el 6 de noviembre de 2020, Mi Teleférico retiró a 228 servidores, 165 de los cuales correspondían a contratos finalizados en 2019, tres por evaluación de periodo probatorio, y 42 desvinculaciones por renuncia, en un periodo que coincide con los actos de hostigamiento.

Asimismo, durante el Gobierno Transitorio, se inició dos procesos penales: uno, en contra de los aportes del personal para actividades de confraternización o políticas, y dos, en contra del uso para fines políticos del Lab Audiovisual Tres60, ambos con pruebas altamente cuestionables en la forma de obtención y por su falta de nexo causal con los delitos sindicados. También se identificó que durante los dos últimos años se incurrió en la persecución de 104 funcionarios.

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